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Vehículo de transporte especial

Madrid, noviembre 2025. La Dirección General de Carreteras ha adjudicado a la UTE TEKIA-ATECSUR el contrato de asistencia técnica para la elaboración de informes vinculantes previos a la autorización de circulación de transportes especiales por las Red de Carreteras Estatal en las provincias de Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña y Murcia. El proyecto, cuyo importe de adjudicación asciende a 584.561,99 euros (Iva incluido), contempla, además, la explotación y mejora del sistema de gestión de expedientes, con un volumen estimado de más de 5.000 trámites a lo largo de los dos años de vigencia del contrato.

La UTE será responsable de analizar cada solicitud y emitir los informes técnicos necesarios para la autorización complementaria de circulación de vehículos que superan los límites legales de dimensiones o masa. Estas actuaciones permitirán reforzar la seguridad y eficiencia vial en las provincias objeto del contrato y agilizar los desplazamientos de transportes excepcionales.
 
El servicio adjudicado aportará a la Dirección General de Carreteras el respaldo técnico imprescindible para la evaluación y tramitación de autorizaciones de circulación en condiciones extraordinarias, garantizando la compatibilidad de la circulación de vehículos especiales con la seguridad vial y la fluidez del tráfico.
 
Entre las actuaciones previstas, la UTE gestionará la operación y mejora del sistema documental, dando soporte a la trazabilidad, archivo y consulta de las solicitudes, aspectos clave para la transparencia y eficiencia administrativa. El contrato también incluye la actualización de la base de datos sobre limitaciones físicas y normativas de la red estatal, permitiendo evaluar con precisión la viabilidad de cada transporte especial, ya sea mediante estudios específicos o herramientas internas.
 
La creciente demanda de movilidad de transportes especiales, estratégica para la economía nacional, exige procesos técnicos rigurosos y ágiles. Con este contrato, TEKIA-ATECSUR contribuye a mejorar la protección de los usuarios, preservar la integridad de las infraestructuras y fortalecer la competitividad del sistema logístico estatal.

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